La situación de seguridad en el departamento del Atlántico es compleja teniendo en cuenta que el mismo Gobierno ha reconocido que en este territorio hay 11 bandas disputándose las rentas criminales, pero solo hay una mesa de negociación con solo dos que son ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, lideradas por Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, respectivamente.  

Así lo explicó Luis Trejos, docente investigador de la Universidad del Norte y experto en el conflicto armado y sobre temas de violencia urbana, al hacer el análisis de inseguridad en Atlántico en Noticias.

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Según el experto, todo esto podría generar que las bandas más pequeñas podrían aprovechar esa conversación de las bandas más grandes para competir por las rentas criminales. 

Ahora bien con respecto a las negociaciones con estas bandas, indicó que “abrir una mesa de negociación socio-jurídica que no tiene marco jurídico, porque no hay un marco normativo que regule el sometimiento a la justicia de estas estructuras, faltando 3 meses al Gobierno, lo que puede producir es una percepción de que la mesa busque un resultado electoral”.

Señaló que docente investigador que “lo más sensato es que el Gobierno deje unos insumos, unos avances, unos acuerdos sobre la mesa, espere el resultado electoral de segunda vuelta y se lo entregue al próximo gobierno para que sea este el que decida, dentro de su estrategia de seguridad y de paz, tiene como objetivo darle continuidad a esta mesa o por el contrario va desplegar otro tipo de política”. 

Trejos aseguró en Atlántico en Noticias que las bandas criminales, especialmente ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ tienen un control territorial extremo, saliendo a relucir una denuncia realizada por el concejal de Soledad, Brayan Orozco, quien aseguró que las bandas en los últimos días han retenido 35 motocarros en ese municipio por estar atrasados en la cuota extorsiva de 50 mil pesos semanal y para devolverlos le exigen 2 millones de pesos.  

 “Esta es la manifestación de control territorial de las bandas criminales en el municipio de Soledad. Recuerdo que el año pasado se hizo pública las extorsiones que estaban viviendo mototaxistas y motocarristas en ese municipio.  Se afianza el control criminal en los territorios y vemos que hay un desafío a las autoridades”, dijo Trejos. 

Indicó que “el crimen organizado sobrepasó a las autoridades locales” 

Ahora bien, indicó que no hay que echarle toda la culpa a las Alcaldías de los municipios  y a la Policía. 

“Muchas veces presionamos a la Alcaldía y a la Policía, pero solo basta con los reportes de prensa que vemos a la Policía que está capturando y pone a disposición de las autoridades judiciales, pero allí empieza un cuello de botella dentro del sistema y tenemos unos jueces y fiscales que no tienen la capacidad de gestionar la cantidad de procesos que le llegan”, aseguró Trejos. 

Recordó una cifra revelada por el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un consejo de seguridad realizado en el municipio de Baranoa en donde precisó que en el departamento   “9 de cada 10 detenidos por porte ilegal de armas sale a la calle. Hay un problema de impunidad estructural que va mucho más allá de lo que pueda hacer la Alcaldía y la Policía”.